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Antes de que Carlos Linneo el famoso botánico inglés inventara las categorías taxonómicas para ordenar la naturaleza en un sistema binomial de género y especie, -algo así como el nombre y apellido de los animales y las plantas -, los ñamepaco ya estudiaban las plantas. En ese momento -siglo XVIII-, este pueblo indígena amazónico, ya las estaban utilizando como medicinas para sus enfermedades. Hoy, su trabajo ha evolucionado al punto que existen puentes entre sus conocimientos y el sistema de clasificación de Linneo.
Después de siglos de investigación empírica, hace quince años comenzaron a crear, a varias manos, unas fichas botánicas que les han servido para compartir sus usos tradicionales con la ciencia occidental. El proceso comenzó en 2024 con la colecta de plantas en el Territorio Indígena Unido de los ríos Isana y Suburí (TIURIS) -un pedazo de selva entre los departamentos de Guainía y Vaupés-, por un grupo de indígenas e investigadores locales que conviven con ellas. Las muestras fueron llevadas al Herbario JBB (del Jardín Botánico de Bogotá) para su identificación científica, es decir para darle el nombre taxonómico de Linneo. Hoy, los hallazgos de los ñamepaco están a la espera de encontrar soluciones que les permitan producir cremas y aceites de sus plantas tradicionales para su uso local, y por qué no, comercializarlos.
En Colombia, la historia de la protección de los derechos indígenas tiene mucha tela por cortar. Aunque la Constitución desde 1991 reconoce la autonomía de los pueblos indígenas sobre su gobernanza y formas de vida, esta no se ha llevado totalmente a la práctica por la falta de legislación estatal. Si bien en el último año se han dado avances importantes con el Decreto 1275 de Autoridad Ambiental y el Decreto 488 que dicta lineamientos fiscales para el funcionamiento de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), el retraso en los procesos ha creado una zona gris que hace ambigua la protección integral de los conocimientos ancestrales.
En Colombia existen herramientas para el responsable de terceros a las comunidades que cuidan y reproducen los conocimientos propios, y sin embargo estas son insuficientes a la hora de reconocer los saberes tradicionales y la distribución justa de los beneficios. Aunque el pueblo ñamepaco tiene derecho a decidir sobre su propio patrimonio biocultural, no hay marcos legales que exijan la validación mútua y los acuerdos terminan basados en la buena voluntad de las partes. En la mayoría de casos, los nombres científicos asociados a cierto uso medicinal, se desligan de los procesos de investigación local que se dan en las comunidades y se pierde el rastro de su procedencia.
La Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) establece el Régimen Común sobre a los Recursos Genéticos. Así mismo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se refiere a temas ambientales relacionados con el conocimiento tradicional, y el Protocolo de Nagoya, que no ha sido ratificado por Colombia, procura garantizar la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados. Sin embargo, estos mecanismos internacionales al no ser coercitivos, no pueden obligar a ningún país a cumplirlos y de una u otra manera, terminan siendo evadidos internamente. En Colombia, particularmente, existen herramientas de propiedad intelectual como las marcas, las patentes y las denominaciones de origen pero no existe una ley que proteja el conocimiento tradicional de manera sistemática sino únicamente como derivado de la legislación ambiental o de propiedad intelectual.
En pocas palabras, en el país no existen herramientas jurídicas que protejan el conocimiento tradicional de las comunidades afro e indígenas de manera contundente.
Los ñamepaco heredaron lo que saben del dios Iñapirruculi para defenderse de “las maldades de la guerra”. Así lo cuenta Mateo Bernal, un hombre indigena de más de setenta años que es uno de los pocos que conoce esta historia y aún vive para contársela a sus hijos y nietos. En sus propias palabras, “con las plantas es como hemos cuidado el territorio de cualquier enfermedad, hemos curado heridas físicas y mentales que atacan los sentimientos y la razón”.
Mateo y su familia viven en la frontera entre Brasil y Colombia donde se cruzan los ríos: Isana y Suburí, dos afluentes de la gran anaconda del Amazonas, un lugar también conocido como TIURIS (Territorio Indígenas Unido por los Ríos Isana y Surubí). En esta interacción de aguas, se cultivan y cosechan las plantas que han investigado y sobre las que han concluido beneficios que van desde la protección solar, el tratamiento para la irritación de los pezones y las quemaduras del fogón.
Lo que plantea la actual situación de los ñamepaco implica un asunto que no solo los afecta a ellos sino también a los demás pueblos ancestrales de Colombia.
Según Julián Gutiérrez, abogado del grupo PLEBIO de la Universidad Nacional de Colombia, un equipo de investigación enfocado en política y legislación sobre biodiversidad, recursos genéticos y conocimiento tradicional, “en Colombia no existe un sistema robusto de protección del conocimiento ancestral”. Gutiérrez indica que hay requisitos legales para que terceros accedan al conocimiento, pero no hay herramientas para que las comunidades se protejan y mantengan sus saberes intergeneracionalmente. “No existe un blindaje legal del conocimiento ancestral”, dice. Para él, herramientas más eficaces podrían ser aquellas que les permitan a los pueblos tener, por ejemplo, bancos de conocimiento, escritos y orales, para uso interno. Generar más apoyo a la investigación y a la protección de prácticas propias para tener la posibilidad de entrar al mercado con beneficios para toda la comunidad y a su vez, proteger el conocimiento.
Un paso definitivo en este proceso sería el fortalecimiento del gobierno propio a través de la consolidación de las Entidades Territoriales Indígenas, una gran deuda histórica que tiene el Estado colombiano desde la Constitución de 1991 con los pueblos indígenas. Sin embargo, esto implica transformar una visión vertical e históricamente colonial que nos ha impedido interactuar de manera igualitaria con los pueblos ancestrales. Significa, en últimas, que el Estado le da la facultad a las autoridades indígenas para hablar de igual a igual con las instituciones del Estado y trazar mecanismos concertados basados en sus Planes de Vida que no son otra cosa que la hoja de ruta con la que proyectan su futuro.
Para Ricardo de la Pava, líder de alternativas económicas e innovación de la Fundación Gaia Amazonas es urgente subsanar este vacío jurídico pues es la única manera de darle continuidad al ejercicio de investigación propia en torno a la plantas medicinales del pueblo ñamepaco. Para él, esto implica la necesidad de generar un protocolo biocultural que invite al país a entender cómo funciona el conocimiento tradicional, cómo se transmite, quien lo posee y qué tipo de conocimiento puede ser compartido y bajo qué condiciones. Así se podría disminuir el riesgo que tienen las comunidades de quedar sujetos a acuerdos particulares entre actores privados y a merced del mercado.
En nuestras sociedades contemporáneas entendemos las culturas y las comunidades aisladas de la naturaleza. Su relación interdependiente se ha desligado en nuestras formas de vida actuales. El concepto de diversidad biocultural propone pensar un sistema donde lo biológico y lo cultural se pongan al mismo nivel, donde la cultura, las comunidades y la naturaleza interactúan permitiendo la evolución mutua. La diversidad biocultural plantea el reto de pensar que las comunidades existen en los territorios y lo cuidan con sus sistemas de conocimiento siendo los árboles, las plantas, las lluvias, etc, fundamentales para una convivencia armónica. Los pueblos indígenas lo han entendido así siempre y el proceso de investigación del pueblo ñamepaco es un resultado de ello.
Investigadores indígenas como Daniel Gonzales y Milena Joaquín, proyectan su trabajo como una manera de conseguir recursos económicos para el territorio a través de la comercialización de productos cosméticos y de cuidado corporal, siempre y cuando se les reconozcan los derechos a su pueblo. Este equipo está conformado por más de 50 personas donde hay niños, adolescentes y ancianos, que además de hacer parte del proceso científico, hacen un trabajo político para fortalecer su autonomía y autogobierno indigena. Para ellos, este es el camino para entablar diálogos y negociaciones más justas con las alcaldías, gobernaciones, ministerios y demás entidades que les permitan proteger legalmente su forma de vivir, estilos de vida que son inseparables del cuidado de sus bosques, aguas y de la inmensa biodiversidad de la Amazonía.
Colombia tiene el inmenso reto de enfrentar la diferencia que existe entre las formas tradicionales de entender el aprovechamiento de las materias primas y las formas de producción en un mundo netamente comercial y con fines lucrativos. Seguir avanzando en los derechos bioculturales para proteger la riqueza material e inmaterial del país significa reconocer los vínculos que existen entre nuestras formas de vida y las prácticas ancestrales asociadas a las plantas que tienen los pueblos indígenas. Finalmente, así podremos romper con las relaciones diferenciales y verticales que existen entre el conocimiento de las comunidades y el conocimiento científico.
Este video fue realizado por la Fundación Gaia Amazonas quien ha acompañado a los médicos ñamepaco en la elaboración de sus bitácoras de plantas.
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Por Isabella Bernal
