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La Fiscalía judicializó a un exdirector de una de las principales autoridades ambientales de la Amazonia, por conformar una red ilegal que sería la responsable de la tala ilegal de un área protegida en el departamento de Guaviare.
Se trata, explicó esa entidad en un comunicado, de Luis Orlando Castro Acosta, exdirector de la Corporación de Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía (CDA), que integraría esa “organización delictiva, responsable del crecimiento de la tala de bosque nativo y la obtención de madera en áreas de reserva forestal en Calamar y El Retorno (Guaviare)”.
De esa red también harían parte Carlos Andrés Quintero Sánchez, actual funcionario de la CDA. También estarían involucrados Jhonathan Ortiz Villamil y Juan Andrés Sánchez, quienes se beneficiaron de las decisiones para hacer aprovechamientos forestales.
De acuerdo con la Fiscalía, “estas personas se habrían concertado para duplicar la expedición de permisos para el aprovechamiento forestal y así aumentar las cantidades de madera que se podían extraer en determinados puntos, sobrepasando los límites permitidos por la ley”.
En el caso de Castro Acosta, exdirector de la CDA, la Fiscalía halló que autorizó y emitió nueve salvoconductos de movilización que “no cumplían la reglamentación vigente”. En otras palabras, estaban por fuera del volumen total avalado para transportar especies maderables obtenidas en zonas de importancia ecológica. Superaban el límite de 108,3 metros cúbicos.
Por esos hallazgos, una fiscal imputó a Castro Acosta y a Quintero Sánchez los delitos de financiación a la deforestación y abuso de la función pública. Por otra parte, imputó el delito aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables a Ortiz Villamil (quien aceptó cargos en su contra) y a Sánchez.
Entre las especies maderables que resultaron afectadas están el cedro achapo, el dormidero negro, el dormidero blanco y el botagajo.
Deforestación en la Amazonia aún es inquietante
Guaviare, de hecho, es uno de los departamentos que siempre está en la lista de las regiones más deforestadas en los reportes que suele presentar el Ministerio de Ambiente. En su último informe, en el que evidenciaba cómo fue el comportamiento de ese fenómeno en 2024, lo mencionó como uno de los puntos críticos.
Según esa cartera, en total, el año pasado fueron 107.000 hectáreas afectadas en Colombia, una cifra que representó un aumento del 35 % respecto a 2023, cuando se perdieron 79.256 hectáreas.
Entre los núcleos críticos, estaba Mapiripán, en límites entre Meta y Guaviare, en donde los cultivos de coca y de palma impulsaban la pérdida de bosque. Otros puntos muy inquietantes eran los Parques Nacionales Naturales Macarena y Tinigua, ambos al sur del Meta.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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